Insólitas - 10/12/22 - 05:30 PM
Cárcel en Japón para el que fuerce a otra persona a dar el diezmo
Kishida señaló que se espera que la nueva legislación ayude no solo a las víctimas futuras sino a las presentes, y afirmó que las obligaciones de los grupos religiosos y de otro tipo respecto a los donantes “pueden tenerse en cuenta para reconocer actos ilegales ocurridos en el pasado”.
La Cámara Baja del parlamento japonés aprobó un proyecto de ley para penalizar la solicitud de donaciones mediante métodos coercitivos, a raíz de la controversia por los métodos de recaudación de la Iglesia de la Unificación.
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El Gobierno del primer ministro japonés Fumio Kishida ha redactado con premura la normativa para intentar frenar la caída de su índice de aprobación a raíz de las polémicas vinculadas a la también conocida como "Secta Moon", un grupo religioso fundado en Corea del Sur con importante presencia en Japón.
La ley busca penalizar a las organizaciones que "confundan" a la gente para que haga donaciones, usando tácticas coercitivas como "avivar el miedo" en ellos, por ejemplo, mediante afirmaciones o amenazas de índole espiritual, una práctica en la que se engloban las "ventas espirituales", presentes en el país.
La normativa contempla penas de cárcel de hasta un año y multas de hasta un millón de yenes (unos 6.950 euros) para los miembros de los grupos que ejerzan estas prácticas, y permitirá a los cónyuges e hijos de los donantes cancelar las donaciones en su nombre.
Algunos abogados involucrados en la defensa de víctimas de este tipo afirman que la normativa es laxa y su elaboración apresurada, y sostienen que es insuficiente para proteger a los afectados.
Uno de los puntos controvertidos de la ley gira en torno a cómo lidiar con las donaciones hechas por personas que han sido sometidas a un "lavado de cerebro".
La oposición y abogados habían pedido que se incluyera una cláusula que permitiera la cancelación de donaciones por parte de esas personas, así como castigar a los sospechosos de ejercer ese control mental, pero el Gobierno lo rechazó, alegando que sería difícil determinar ese estado anímico en términos legales.
En su lugar se incluye una mención disuasoria que exige a los grupos "no suprimir el libre albedrío" de los donantes.
Ante las críticas de insuficiencia, Kishida aseguró hoy que el Gobierno intentará mejorar sus consultas con las víctimas para que la ley en su forma final sea "más efectiva", según declaraciones recogidas por la agencia local de noticias Kyodo.
Tras recibir el visto bueno de la Cámara Baja parlamentaria, la Cámara Alta comenzó a debatir horas después la normativa, con vistas a aprobarla durante una sesión extraordinaria el sábado.
Si bien la ley surge tras cuestionarse los métodos recaudatorios de la mencionada Iglesia de la Unificación, la legislación cubre a todas las organizaciones, no sólo las de índole religioso.
La rama japonesa de este credo ha estado en el foco mediático desde el asesinato a tiros de Abe el pasado julio a manos del hijo de una miembro que responsabilizaba al credo de la quiebra de su familia y creía que el exmandatario era simpatizante.
El magnicidio deparó un escrutinio sobre el grupo, conocido por alentar a sus seguidores a hacer importantes donaciones financieras, y sus vínculos con la esfera política japonesa, especialmente con el gobernante Partido Liberal Democrático (PLD) de Kishida.
La ley busca penalizar a las organizaciones que "confundan" a la gente para que haga donaciones, usando tácticas coercitivas como "avivar el miedo" en ellos, por ejemplo, mediante afirmaciones o amenazas de índole espiritual, una práctica en la que se engloban las "ventas espirituales", presentes en el país.
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Octubre 02, 2024La normativa contempla penas de cárcel de hasta un año y multas de hasta un millón de yenes (unos 6.950 euros) para los miembros de los grupos que ejerzan estas prácticas, y permitirá a los cónyuges e hijos de los donantes cancelar las donaciones en su nombre.
Algunos abogados involucrados en la defensa de víctimas de este tipo afirman que la normativa es laxa y su elaboración apresurada, y sostienen que es insuficiente para proteger a los afectados.
Uno de los puntos controvertidos de la ley gira en torno a cómo lidiar con las donaciones hechas por personas que han sido sometidas a un "lavado de cerebro".
La oposición y abogados habían pedido que se incluyera una cláusula que permitiera la cancelación de donaciones por parte de esas personas, así como castigar a los sospechosos de ejercer ese control mental, pero el Gobierno lo rechazó, alegando que sería difícil determinar ese estado anímico en términos legales.
En su lugar se incluye una mención disuasoria que exige a los grupos "no suprimir el libre albedrío" de los donantes.
Ante las críticas de insuficiencia, Kishida aseguró hoy que el Gobierno intentará mejorar sus consultas con las víctimas para que la ley en su forma final sea "más efectiva", según declaraciones recogidas por la agencia local de noticias Kyodo.
Tras recibir el visto bueno de la Cámara Baja parlamentaria, la Cámara Alta comenzó a debatir horas después la normativa, con vistas a aprobarla durante una sesión extraordinaria el sábado.
Si bien la ley surge tras cuestionarse los métodos recaudatorios de la mencionada Iglesia de la Unificación, la legislación cubre a todas las organizaciones, no sólo las de índole religioso.
La rama japonesa de este credo ha estado en el foco mediático desde el asesinato a tiros de Abe el pasado julio a manos del hijo de una miembro que responsabilizaba al credo de la quiebra de su familia y creía que el exmandatario era simpatizante.
El magnicidio deparó un escrutinio sobre el grupo, conocido por alentar a sus seguidores a hacer importantes donaciones financieras, y sus vínculos con la esfera política japonesa, especialmente con el gobernante Partido Liberal Democrático (PLD) de Kishida.
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