Acuerdo de paz de Colombia cumple un año entre avances y desconfianza

Según datos oficiales, un total de 12.356 personas de las FARC fueron acreditadas en proceso de reincorporación social por la Oficina del Alto Comisionado para la Paz.
De ellas, 10.733 recibieron como ayuda económica de normalización "una asignación única de dos millones de pesos (unos 672 dólares)", 10.065 exguerrilleros están recibiendo una ayuda de subsistencia que equivale al 90 % del salario mínimo, y un número similar de ellos ha sido afiliado al sistema de salud pública.
Sin embargo, los guerrilleros desmovilizados, muchos de ellos sin más manejo que el de las armas y acostumbrados a mover grandes sumas de dinero producto del narcotráfico, están expuestos a la tentación de ganarse la vida con la violencia como lo han hecho hasta ahora.
Es un secreto a voces, confesado por los propios interesados, que varias bandas criminales les han ofrecido altas cantidades para que ingresen a sus filas.
Esas bandas las conforman las disidencias que han formado algunos excombatientes que no se acogieron al acuerdo de paz, pero también exparamilitares y el último reducto del Ejército Popular de Liberación (EPL), que se dedica al narcotráfico en la región del Catatumbo, del departamento de Norte de Santander, fronterizo con Venezuela.
Un informe divulgado hoy por la Fundación Paz y Reconciliación y otras organizaciones sociales con motivo del primer aniversario del acuerdo advirtió de que el posconflicto colombiano "está en riesgo" por la violencia y las demoras en su implementación, así como por el crecimiento de los disidentes.
El documento señala que "en todo el país se contabilizan 15 grupos de desertores en 43 municipios" que suman cerca de 700 guerrilleros.
Otro elemento que ha enredado más su futuro es de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), el punto más polémico del acuerdo, que incluye un mecanismo para juzgar a todos los involucrados en el conflicto.
La Corte Constitucional de Colombia declaró ajustada a la ley la JEP que se encargará de calificar jurídicamente las conductas graves cometidas por los actores del conflicto armado.
Sin embargo, las FARC han criticado duramente que excluyeran la posibilidad de que terceras personas pudieran acudir a explicar cómo intervinieron en el conflicto, lo que les ha llevado a presentar quejas incluso ante la Corte Penal Internacional (CPI).
Lo sensible del tema ha hecho que incluso y a pesar de la insistencia del Gobierno, la Cámara de Representantes no haya aprobado todavía la ley estatutaria que reglamenta a la JEP, que ya tiene el aval del Senado.
Además la firma de la paz no supuso directamente el fin del conflicto en las áreas más periféricas, como los departamentos del Guaviare (sureste) Chocó (oeste), la localidad de Tumaco (suroeste) y el Catatumbo, donde la coca ha sido desde hace años el combustible de la violencia.
Allí la paz sigue siendo un sueño lejano en que las balas, lejos de callarse, suenan con más estrépito que nunca.