Familiares de "presos políticos" de Nicaragua piden apoyo al papa Francisco
Datos del Comité indican que al menos 674 "presos políticos" se encuentran en las cárceles de Nicaragua. El Gobierno reconoce 273 reos, que clasifica como "terroristas", "golpistas" o delincuentes comunes".
El Comité de Familiares de Presas y Presos Políticos de Nicaragua pidió hoy al papa Francisco "que se pronuncie a favor de la libertad" de los reos, "como regalo de Navidad", en medio de la crisis sociopolítica que vive el país.
"Nosotros le agradecemos lo mucho que ha hecho, pero quisiéramos ver de qué forma podría pronunciarse a favor de la libertad de los presos políticos, como regalo de Navidad, para que ellos sepan que el papa los está respaldando", dijo a Efe la portavoz del Comité, Brenda Gutiérrez.
Datos del Comité indican que al menos 674 "presos políticos" se encuentran en las cárceles de Nicaragua. El Gobierno reconoce 273 reos, que clasifica como "terroristas", "golpistas" o delincuentes comunes".
Gutiérrez agregó que los familiares de los convictos realizarán ayuno los días 31 de diciembre y 1 de enero, en apoyo de los presos, quienes ya han anunciado que ayunarán en los días festivos.
"Ellos quieren que el mundo entero sepa que siguen en pie de lucha", agregó la madre del preso Rodrigo Espinoza.
Gutiérrez reiteró que unas palabras de Francisco darán fortaleza a los presos y sus familiares, en medio "de ese vacío que habrá en las reuniones familiares de estos días, porque muchas personas que deberían estar presentes, no van a llegar".
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En junio pasado el cardenal de Nicaragua, Leopoldo Brenes, afirmó que el papa está "preocupado" por la "dolorosa" crisis que atraviesa Nicaragua.
En ocho meses la crisis ha dejado entre 325 y 545 muertos, 674 "presos políticos", cientos de desaparecidos, miles de heridos y decenas de miles en el exilio, según organismos humanitarios.
El Gobierno reconoce 199 muertos y ha informado de 273 reos, que acusa de ser "terroristas", "golpistas", y "delincuentes comunes".
La CIDH y la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh) han responsabilizado al Gobierno de "más de 300 muertos", así como de ejecuciones extrajudiciales, torturas, obstrucción a la atención médica, detenciones arbitrarias, secuestros y violencia sexual, entre otras violaciones a los Derechos Humanos.
Ortega rechaza responsabilidades e insiste en que superó un intento de "golpe de Estado", pese al escepticismo de la Acnudh y la CIDH.
Las protestas contra Ortega y su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo, se iniciaron el 18 de abril pasado, tras 11 años de Gobierno continuo, por unas fallidas reformas de la seguridad social y se convirtieron en una exigencia de renuncia, tras el saldo mortal de las manifestaciones.