Nacional - 14/7/21 - 02:45 PM

Asociación de fumadores piden al presidente Cortizo vetar el proyecto de Ley 178

Advierten que lo aprobado transgrede normas y derechos fundamentales establecidos en la Constitución como el libre derecho a elección de los ciudadanos y el derecho humano a la salud.

Por: Redacción / Web - Miércoles 14 de Julio de 2021 2:45 PM

La Asociación de Reducción de Daño por Tabaquismo de Panamá y la Asociación de Fumadores y Familiares por un Panamá Libre de Humo, le han solicitado solicitan al presidente de la República, Laurentino Cortizo, vetar por inexequible, el proyecto de Ley 178.

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Este proyecto prohíbe el uso y comercialización de sistemas electrónicos de administración de nicotina, cigarrillos electrónicos, vaporizadores, calentadores de tabaco y similares, con o sin nicotina.

Esta agrupación sostiene que ambas asociaciones coinciden en que el Órgano Legislativo, liderado por su presidente, el diputado Crispiano Adames, insiste en seguir forzando a más de 240 mil fumadores a consumir cigarrillos tradicionales o de combustión, con todas las implicaciones que este puede generar para la salud de la persona y sus familiares, existiendo alternativas menos dañinas, como el cigarrillo electrónico y los productos de tabaco calentado, que de acuerdo con la Agencia de Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) de Estados Unidos y los Gobiernos del Reino Unido, Nueva Zelanda, Uruguay, para nombrar algunos, son considerablemente menos perjudiciales que los cigarrillos de combustión.

El presidente de la Asociación de Fumadores y Familiares por un Panamá Libre de Humo, Hitler Cigarruista, dijo que “una vez más queda demostrado que los intereses particulares de algunos opositores a industrias específicas, siguen estando por encima de miles de panameños a los cuales se les sigue negando la oportunidad de acceder a alternativas de riesgo reducido como los cigarrillos electrónicos y los productos de tabaco calentado, para dejar de fumar y reducir los daños a su salud, la de su familia y el resto de la población por el consumo de cigarrillos”.

Cigarruista manifestó que ya es momento que en Panamá se abra un debate basado en la evidencia científica, porque por un lado, el MINSA condena a los fumadores panameños a seguir fumando, cercenándoles el derecho de contar con alternativas de riesgo reducido, pero, por el otro lado, la institución sí permite que desde Panamá se exporten estos dispositivos que ayudarán a fumadores de otros países, violando el derecho humano a la salud de los panameños adultos a obtener alternativas respaldadas por evidencia científica.

Por otro lado, Tomás Sánchez, presidente de la Asociación de Reducción de Daño por Tabaquismo de Panamá, insistió en que Panamá no puede seguir siendo ajena e indiferente a los avances científicos con evidencia que los respalda.

Sánchez manifestó que “de acuerdo a la Autoridad Sanitaria de Inglaterra (Public Health England) vapear es una fracción del riesgo de fumar, al menos un 95% menos dañino y de un riesgo insignificante para los transeúntes, ya que no existe el vapeo de segunda mano”.

Agregó Sánchez que “el Centro de Control de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) de EE.UU., considera que los cigarrillos electrónicos exponen a los usuarios a menos sustancias químicas nocivas que los cigarrillos quemados y que los cigarrillos electrónicos tienen el potencial de beneficiar a las fumadoras adultas que no están embarazadas si se usan como un sustituto completo de los cigarrillos regulares y otros productos de tabaco para fuma.

Así mismo, destaca que la FDA también ha manifestado que solamente un 7.5% de los fumadores que intentan dejar el cigarrillo combustible logran la cesación, por lo que se hace necesario brindarle a ese 92.5% de fumadores que continuarán fumando una alternativa de menor riesgo.

“Resulta sumamente contradictorio que si contamos con una opción para reducir los efectos negativos del humo del tabaco no la utilicemos”, dijo Sánchez.

Actualmente las cifras del comercio ilícito de cigarrillos combustibles en Panamá son alarmantes, “hoy 8 de cada 10 cigarrillos que se consumen, se introducen al país vía contrabando lo que pone en peligro la salud de los fumadores”, puntualizó Sánchez.

Por su parte, el Doctor Roberto Sussman, catedrático, científico e investigador Instituto de Ciencias Nucleares Universidad Nacional Autónoma de México, manifestó que prohibir el uso en general de un producto es una acción que se ve en “países teocráticos, muy autoritarios. Los dispositivos electrónicos exponen al usuario a una cantidad significativa y apreciablemente menor de compuestos tóxicos que el cigarro de tabaco y eso está sustentado por evidencia científica absolutamente incontestable”.

Sussman sostuvo que es falso lo afirmado por la Dr. Reina Roa del Ministerio de Salud de que FDA no encontró ningún beneficio del tabaco calentado respecto al cigarrillo de tabaco. “La Doctora Roa dice que en los estudios de química analítica se han detectado 200 compuestos y luego dice que únicamente 56 se encontraron concentraciones menores a las detectadas en los cigarros de tabaco.

En su comunicado destacan lo siguiente: "La Dra. dice que estos 200 compuestos son todos tóxicos. Lo que está diciendo es incorrecto. Estos estudios encuentran entre 80 y 120 compuestos y el número de compuestos que se encuentran depende de la sensibilidad de los aparatos. El aerosol de cigarrillo electrónico contiene unos 10 compuestos y de esos, solo 4 o 5 son compuestos cuya toxicidad es conocida, pero la concentración de esos 4 o 5 compuestos es significativamente menor a los contenidos en los tabacos".

Sussman concluye con la siguiente aseveración: “La agencia Public Health England, Autoridad Sanitaria de Inglaterra afirma que los daños causados por el cigarrillo electrónico difícilmente superan el 5% de los daños causados por el cigarrillo de combustión. Esto está respaldado por el Royal College of Physicians” “Estos productos, sin embargo no son para los no fumadores ni para los menores; pero negarle a los fumadores adultos el derecho de acceder a estos productos es una violación a sus derechos humanos”.