Nacional - 02/11/18 - 12:00 AM

Casinos piden a Varela vetar proyecto de aumento a jubilados

 

Por: Eliécer Navarro Crítica -

Dos gremios de operadores de casinos y juegos de azar pidieron al presidente Juan Carlos Varela vetar el proyecto de ley 621, que busca aumentar las pensiones a los jubilados y pensionados gravando con un 7% las remesas al exterior y estableciendo un impuesto de 5% a las operaciones de casinos, centros de apuestas y máquinas tragamonedas.

La petición llegó con sendas cartas de la Asociación Panameña de Operadores de Juegos de Azar (Apojuegos) y de la Asociación de Administradores de Juegos de Azar de Panamá (Asaja). Estos gremios se suman a los llamados de diversas organizaciones del sector privado que han alertado al Gobierno sobre las afectaciones a la economía que podría tener la aprobación del proyecto de ley 621.

"La industria de juegos de suerte y azar ya está regulada y gravada", explica Zaira Paz de Singh, directora de Asaja. "Aporta al estado 89 millones de dólares anuales en concepto de participación por concesión autorizada, en proporción al ingreso bruto generado. Y al igual que cualquiera otra compañía con operaciones en Panamá, está obligada a pagar el impuesto sobre la renta y cumplir con otros tributos y tasas gubernamentales y municipales".

Según la carta de Paz de Singh, desde el año 2015, que se estableció el impuesto selectivo al consumo del 5.5%, este ha provocado una "caída importante del sector, como reflejo, cuatro de nuestros agremiados se vieron obligados a cerrar sus operaciones". Esto, afirma, significó unos 4,000 despidos en el sector.

Por su parte, Yelitza Amador, secretaria ejecutiva de Apojuego, argumentó que la aprobación del proyecto en la Asamblea Nacional se dio "de manera inconsulta y sin sustento económico, técnico y legal".

"Nuestra industria es la más regulada en el país y una de las que mayor aporte hace al fisco. Solo en 2017 nuestros agremiados aportaron entre participación de ingresos de juego, impuesto sobre la renta, pago de cuota obrero patronal; entre otros, más de 150 millones de dólares al Estado".

"Un nuevo impuesto sería el colapso total de una industria que ya presenta una caída importante de los ingresos netos de todos los operadores...", recalcó.

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