Estado de Emergencia limita garantías
El abogado y analista Pedro Sittón hizo una serie de reflexiones sobre el Estado de Derecho y la situación de emergencia nacional decretada por el gobierno de Panamá.
A juicio de Sittón, esta emergencia nacional limita las garantías constitucionales y libertades ciudadanas
Primero aclaró que muy por el contrario de lo que ha pretendido, el Gobierno ha decretado una situación extraordinaria obviando los procedimientos constitucionales del artículo 55.
"Yo creo que basado en esa emergencia nacional las decisiones del Gobierno de cuarentena coartan los derechos de asociación, libertad de reunión y libertad de movimiento, cuando deberían seguir el procedimiento constitucional que establece el artículo 55 de la Constitución, que hace que la Asamblea Nacional también sea partícipe de esa decisión tan importante para la vida de todos los panameños", expresó Sittón.
Sittón habla de la declaratoria de Estado de Urgencia, que cuando excede de los 10 días debe ser sometido a consideración del Órgano Legislativo, Eñ gobierno optó por un Estdo de Emergencia.
Indicó además que el cierre de la justicia tampoco ayuda mucho a defender esos derechos constitucionales y garantías ciudadanas. "El hecho de que nuestros tribunales de justicia de alguna forma estén cerrados o parcialmente trabajando, tampoco contribuye mucho a defender el Estado de Derecho" ante las actuaciones adoptadas por el Ejecutivo, alegó Sittón.
Por ejemplo citó la decisión de multar, quitar licencia, remolcar con grúas y llevar a un corral los autos, pero a la persona afectada le es imposible ir a cualquier otro tribunal a reclamar reconsideración.
A su juicio las ONGs de derechos humanos, la Defensoría del Pueblo y la prensa libre brillan por su ausencia para ahondar más la situación, lo que denota una falta de liderazgo de esos grupos frente a esta crisis.
Pedro Sittón también cuestionó como la "tapa del coco" a la oposición que sin rumbo ni liderazgo, le ha dado carta abierta al gobierno para las contrataciones directas y los diputados opositores no exigen al Ejecutivo el control que mandata la Constitución.